EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Por: Iván Orozco.
Es un hecho, la sociedad mexicana está cada vez más politizada, más enterada y más metida en los temas de interés general. Qué bueno.
Hace poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un caso muy trascendente en materia de derecho a la información, sustentó una importante tesis jurídica que sin duda ha sentado precedente, reconociendo que la sociedad tiene, por mandato Constitucional, la garantía de información, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el artículo 6º de la Carta Magna.
Dijo la Corte, mediante dictamen elaborado por el ministro José Ramón Cossío, que quienes están al frente de un cargo público, sea cual sea la naturaleza del mismo, pudiendo ser de elección popular o no, se encuentran sujetos a un escrutinio público intenso y permanente, por lo que la esfera de su vida privada oponía mucho menor resistencia que la de un ciudadano común y corriente; por otro lado, reconoce el papel de los medios de comunicación en este proceso, señalando que son éstos precisamente los canales, las vías a través de las cuales la ciudadanía puede hacer válido y ejercer su derecho a la información.
Pero la información periodística es solo una parte. Los ciudadanos también tenemos el derecho de estar enterados de los actos de gobierno que ejercen las autoridades legalmente constituidas. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece en su artículo 2 que toda la información gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a ella en los términos que la propia ley señale.
No obstante, hay una severa resistencia por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno a respetar este derecho. Hay opacidad, tal vez por la existencia de múltiples actos de corrupción o por simple ausencia de voluntad política. Basta con recordar que el propio Felipe Calderón se negaba a rendir su declaración patrimonial y la de su esposa, Margarita Zavala, y que hace apenas unos días dieron medianamente a conocer, debido, sobre todo, a la presión ejercida por algunos medios informativos nacionales, como la revista Proceso. A pesar de ser poco clara la información resumida en dichas declaraciones patrimoniales, sí se puede observar un crecimiento desproporcionado de los bienes de la pareja presidencial.
A nivel local se marcan diferencias y para ello basta un ejemplo: el gobierno municipal de Tarandacuao, en su página web, publica de manera clara y sencilla, la plantilla de sueldos de todas las autoridades y empleados municipales, dando a conocer, inclusive, sus percepciones desglosadas por día y los montos que perciben por concepto de aguinaldos, etc.; ahora bien, el gobierno municipal de Acámbaro, en su página web, no hace lo mismo. En la sección de transparencia, de su página de internet, no detalla los sueldos y dietas de quienes laboran en presidencia municipal. Claro, la ley los obliga, existe una unidad de acceso a la información municipal ante la cual podemos solicitar la información que necesitemos, pero, por qué burocratizar todo cuando lo más fácil es demostrar que, en materia de transparencia, todos ganamos, incluidos los gobernantes.
Y es que las cosas en Acámbaro pareciera que se mueven de manera muy lenta. Da la impresión de que tenemos un gobierno municipal aletargado, lleno de burocracia y alejado de su pueblo.
Por increíble que parezca, la absoluta mayoría de la población no conoce más que a su presidente municipal, tal vez resultado de dos campañas políticas, pero ni regidores, síndicos y mucho menos empleados, como el secretario de ayuntamiento o el tesorero, gozan de presencia o reputación social. Casi nadie sabe quiénes son y cuál es el papel que están jugando en beneficio de Acámbaro.
Por otro lado, no debemos dejar de lado el hecho de que se ha optado por tergiversar el espíritu de la ley, ya que casi la totalidad de las sesiones de ayuntamiento se celebran a puerta cerrada, a pesar de que el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal es muy claro al señalar que es regla general el que las sesiones sean públicas; la excepción, en casos muy específicos, debería ser lo contrario.
Comencé este artículo diciendo que vivimos en una sociedad cada vez más interesada en los asuntos públicos, y así debe ser. Los acambarenses debemos exigir estar bien informados. Saber, por ejemplo, por qué no hay quien le meta mano a nuestras deterioradas calles, o por qué, la poca obra pública que hay, avanza de manera tan lenta o cuales serán los proyectos de gran impacto social que se implementarán en Acámbaro en el futuro inmediato. En qué se invierten los recursos públicos, qué avances sustanciales se reportan en materia de seguridad pública.
Acaso, la primera interrogante de muchas personas sería ¿Realmente contamos con un gobierno profesional, sensible y de tiempo completo?
Confiamos en que así es, pero necesitamos más y mejor información para valorar adecuadamente, porque tristemente hemos visto que la alternancia partidista a nivel municipal no ha reportado ningún beneficio social, porque los únicos beneficiados son los partidos políticos y sus intereses.