Premio Rafto 2010
Discurso de saludo y agradecimiento del Obispo Raúl Vera “Muerte, miedo e impunidad imperan hoy en el vocabulario de los mexicanos”.
Bergen, Noruega, 7 Noviembre.- Fue para mí una sorpresa enterarme de este reconocimiento, y soy conciente de que me exige una mayor congruencia y compromiso.
Sin embargo, hay en mí una mezcla de alegría y dolor. La razón es sencilla: Esta distinción no hubiera sido posible si México no estuviera lacerado por la violencia, la impunidad con la que actúa la delincuencia, una procuración de justicia ausente y la complicidad de los distintos niveles de gobierno que, por obra u omisión, han facilitado esta situación generalizada que mantiene a mis compatriotas sumidos no sólo en miseria, sino ahora también en la incertidumbre de no saber si habrá un mañana.
La ausencia de los organismos del Poder Judicial en la persecución de los delitos cometidos por los grupos criminales, impide desarticular el entramado de complicidades que los miembros de esas organizaciones han establecido con personas del ambiente político que ocupan cargos en el poder público, sea ejecutivo, legislativo o judicial; con funcionarios de los órganos de administración de justicia y de la seguridad pública, con empresas y grupos financieros que les lavan el dinero.
“Muerte”, “miedo” e “impunidad” son, por desgracia, tres palabras que hoy imperan en el vocabulario del mexicano. La “guerra contra el crimen organizado” es una lucha a muerte, en donde, sólo en 4 años que lleva el actual régimen gubernamental, el número de muertes aceptado oficialmente alcanza casi las 30 mil personas.
Esto indica que, al ser asesinados los miembros de las bandas criminales, trátese de grandes “capos”, de mandos medios o de brazos armados, con la muerte de cada uno de ellos, se van a la tumba los testimonios que ellos tienen contra funcionarios de todo tipo o los empresarios y banqueros, o los responsables de centros financieros, que son cómplices de las hampas criminales. De esta manera esas personas no solamente no son sometidas a juicio, sino que siguen alimentando el potencial criminal de estas bandas que cada vez aparecen más poderosas, frente a un Estado mexicano que vemos más débil e incapaz de enfrentarlas.
Hay otro tipo de impunidades que el gobierno solapa: “Pasta de Conchos”, nombre de la mina que dejó sepultados a 65 mineros de carbón que trabajaban en indignas condiciones de seguridad. A 5 días del siniestro, la empresa Industrial Minera México, de Grupo México y gobierno federal, suspendieron el rescate, mismo que se reanudó recuperando 2 cuerpos de quienes murieron asfixiados. La empresa detuvo nuevamente el rescate a sólo 150 metros de donde estaban los trabajadores. Ahí quedaron enterrados no sólo sus cadáveres, sino también la justicia. Impedir el rescate es mantener la impunidad, evidenciar la inseguridad e incluso demostrar que les dejaron morir. Otro caso de impunidad es la orden de extinción de la empresa productora de energía eléctrica “Luz y Fuerza del Centro”, realizada por el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. La acción que dejó a 44 mil hombres y mujeres trabajadoras, sin fuente de trabajo, fue hecha por medio de un decreto presidencial, de manera ilegal, sin recurrir al Congreso de la Nación, y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo paraestatal, el Estado no encontró solución para la empresa, justificando mala administración en ella, cuando la verdadera razón fue la de desaparecer al “Sindicato Mexicano de Electricistas”, sindicato
independiente.
La impunidad en la que se mantienen las acciones del crimen organizado ha fortalecido a estos grupos delictivos, que se han multiplicado y han empezado a diversificar los delitos que cometen. Una de esas variaciones es el secuestro de migrantes. La mayoría de las víctimas son personas procedentes de los países centroamericanos o algunos sudamericanos, quienes atraviesan la República Mexicana intentando llegar a los Estados Unidos, en busca de trabajo. Los autores de los secuestros son miembros del crimen organizado del cártel de “Los Zetas”, personas que antes eran el brazo armado del “Cártel del Golfo”. Solamente en 6 meses del año 2009 se contabilizaron 9,758 secuestros de migrantes, también impunes. Lo que es ya denunciado como una “tragedia humanitaria”.
Igualmente continúan levantándose las voces para que la “guerra contra el crimen organizado” deje de ser una ficción y se implemente una estrategia donde prevalezca la procuración de justicia sobre la estrategia bélica. Los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército en medio de esta guerra y de las personas desaparecidas, que cada día aumentan de manera alarmante, siguen pidiendo justicia.
A través de mi labor pastoral, en colaboración con grupos de defensores de los derechos humanos, me ha tocado ser testigo de cómo impunemente se atenta contra la dignidad de la persona, en diversos ámbitos y distintas áreas geográficas de México: paramilitarización de las regiones indígenas del país, la violencia institucionalizada contra los pueblos originarios de México como una constante: en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, en la Huasteca Potosina, en la sierra de Querétaro, en Chihuahua, entre otras regiones. Constantemente se daña la vida y se altera la paz de estos pueblos. De entre los miembros de las comunidades indígenas hay presos políticos, perseguidos por defender la tierra, el agua y los bosques. Otros activistas del país también deben sufrir persecución, cárcel y hasta la muerte. La libertad de expresión en México es coartada y varios de los periodistas han pagado
con su vida el haber mantenido esa libertad. La tortura en los procesos judiciales y en las cárceles es una constante en nuestro país. En Coahuila hemos atendido a mujeres violadas por miembros del Ejército Mexicano y a integrantes del colectivo de diversidad sexual, segregados, agredidos y golpeados.
La impunidad es la característica actual de la administración de justicia en México, aún en los casos aparentemente resueltos para quienes piden justicia, no existe reparación del daño, ni cumplimiento de sentencias o recomendaciones internacionales, ni castigo para los violadores de los derechos humanos dentro del Estado.
La Fundación Rafto se pudo haber equivocado en haber elegido a la persona no adecuada para su Premio 2010, pero no se equivocó en elegir a México para hacer denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte del Gobierno contra hombres y mujeres ciudadanas de nuestro país.
Muchas gracias.