Las diputadas y
los diputados que integran la LXII Legislatura del Congreso local acordaron
ordenar al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) inicie una auditoría
específica al Programa Integral de Seguridad denominado “Escudo”.
La finalidad de
esta auditoría es verificar, entre otros, los siguientes aspectos: si la
adjudicación del proyecto se realizó de conformidad con la normativa aplicable;
si la naturaleza jurídica del contrato corresponde a la naturaleza de lo
contratado o del servicio contratado; si se dieron las mejores condiciones
económicas para el Estado al momento de realizar la adjudicación del contrato a
la empresa Seguritech; y todas aquellas acciones y elementos que permitan
transparentar dicho programa.
Los trabajos de
esta auditoría deberán iniciar a partir del 18 de marzo del año en curso.
Como antecedentes de este acuerdo se
tienen la solicitud que el Secretario de Gobierno de la entidad formulara al
Congreso del Estado para que el OFS auditara de manera permanente al citado
programa. También, la propuesta de Punto de Acuerdo presentada por el PRI para
que el titular del Ejecutivo estatal
informara sobre los recursos y condiciones para llevar a cabo el “Proyecto
Escudo”, y la reunión que sobre este tema tuvieron con el gobernador del estado
los integrantes del órgano de gobierno del Poder Legislativo.
De acuerdo con las
consideraciones expuestas por los legisladores, el Poder Ejecutivo del estado
ha puesto en marcha el Programa Integral de Seguridad denominado “Escudo”, con
la finalidad de eficientar y modernizar los sistemas de seguridad pública en
los 46 municipios de la entidad, con el apoyo de nueva tecnología. El acuerdo
de realizar la auditoría en cuestión responde a la necesidad de transparentar
el uso de los recursos públicos que están siendo destinados al mencionado
programa.
A favor de esta
propuesta intervinieron tres legisladores. Adrián Camacho Trejo Luna fue el
primero y dijo que la seguridad es un tema de alta prioridad para los
guanajuatenses y destacó la disposición de las fuerzas políticas para encontrar
puntos de coincidencia en bien de Guanajuato.
Adrián Camacho
mencionó que será el órgano técnico quien analice los diferentes momentos en el
arranque del programa, la contratación, las compras, los precios, el
procedimiento en las licitaciones, conocer el dictamen si es que hubo
excepciones., y hasta que se tengan resultados de este trabajo técnico, como
fuerza política fijarán una postura. “Ni acusaciones a la ligera ni
exoneraciones anticipadas,”, concluyó.
El diputado Marco
Antonio Miranda Mazcorro por su parte destacó que la autoridad estatal debe
desarrollar programas y acciones en prevención de conductas antisociales, a fin
de preservar y ofrecer tranquilidad a todos quienes habitamos en territorio
guanajuatense.
En tanto, el
diputado José Juventino López Ayala recordó que el tema tiene su origen en la
petición que el propio Ejecutivo hizo al Poder Legislativo para que se auditara
de forma permanente el programa y destacó que ha habido apertura para tratar el
tema, como lo demuestran las reuniones entre la autoridad estatal y los
representantes de las diversas fuerzas políticas.
Juventino López
aseguró que auditar este proyecto para garantizar su correcta asignación y
ejecución es contribuir al éxito del mismo, que se reflejará en una mejor
seguridad para los guanajuatenses, concluyó el legislador.
Parte de la bancada legislativa del
PAN, donde vemos en primer término al diputado Francisco Arreola Sánchez.
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