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29 de enero de 2010

VOX POPULI.- Por: Juan Pueblo
Hace falta prevención social del delito.
Por supuesto, no es un pretexto para justificar la corrupción que a todos los niveles se da en las corporaciones policiales frente al problema del narco, pero sí es un pequeño avance el que nuestras autoridades federales admitan que se requiere desarrollar un programa de prevención social del delito con el concurso de la sociedad, las escuelas, los maestros y las familias, según lo expresado por Alejandro Rubido, subsecretario de Prevención y Derechos Humanos de la SSP.
Dice que innegablemente son necesarios los operativos, las detenciones y sanciones, pero no son suficientes. Propone que frente a los alumnos de primara y secundaria se les inculque la ventaja de elegir el sendero del esfuerzo y el trabajo para que sean mujeres y hombres de bien.
No obstante, hay que recordar que la lucha contra todas las formas de delincuencia, especialmente contra el crimen organizado, la debe encabezar el gobierno y, por lo tanto, éste debe ser el primero en depurarse.
Por otra parte, una y otra vez se ha planteado el problema de que millones de mexicanos se encuentran en desempleo o subempleo que, en muchas ocasiones, ceden a la tentación de ingresar al comercio ilícito. En estas mismas páginas incluimos, en el número anterior, las opiniones del arzobispo Suárez Inda en el sentido de que con educación, empleo y justicia social puede ser resuelto el problema del crimen organizado. Ahora, en este número, el diputado Fernández Noroña, en cierta coincidencia con el arzobispo, señala que más de 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación superior y sin empleo pueden acabar en el narco.
En síntesis, se trata de un problema que exige de políticas integrales que deben cambiar por completo los objetivos de las políticas actuales, en que se ha sustituido, por ejemplo, la creación de empleos por las dádivas, como lo señaló el día 14 en su fiesta de cumpleaños David Ibarra Muñoz ante invitados de gran importancia como Carlos Slim, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Monsiváis.
Cómo vamos a convencer a nuestros niños y jóvenes de que no caigan en el mal camino, cuando diariamente en sus barrios y vecindarios se vive la venta y consumo de drogas y alcohol, ante la indiferencia de policías y de los mismos vecinos; cómo van a dejar de apreciar el progreso en las actividades ilícitas si a diario observan el crecimiento de esos negocios con la presencia de autoridades que les vale madre que infrinjan la ley.
Claro que hacen falta programas de prevención, bien elaborados. Bienvenidos. Pero después de tres años el gobierno estatal de Guanajuato, a través del secretario de seguridad, Vilches, nos viene a ofrecer esos programas de prevención y autoprotección ciudadana, sin saber su contenido y menos su aplicación.
De que hay muchas cosas por hacer, de absoluta trascendencia, no hay duda. Pero en todo ello, se debe favorecer sobre todo la eficiencia antes que el cuatismo.
Sabemos que la seguridad pública municipal de Acámbaro es pagada por la federación, a través del fondo 2 del Ramo 33, pero es responsabilidad del ayuntamiento y personalmente del presidente municipal, en este caso de Gerardo Silva Campos, quien está obligado a profundizar en los cambios y programas que la hagan más efectiva y mucho más honesta. Ojalá que ése sea un logro de su gobierno, que distinga para bien a la policía municipal de Acámbaro entre las más de dos mil corporaciones municipales que existen en el país. Deseamos que lo logre, pero hasta ahora seguimos observando que todo sigue igual… los cambios no llegan. Ni siquiera se siente que haya voluntad de producirlos para bien.
Si estamos equivocados, por favor háganoslo saber.

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